Contratos reservados

Pagina Siete, domingo, 15 de julio de 2018.-

Por increíble que parezca, se ha pasado de los gastos reservados a los contratos reservados. El gobierno del MAS ha clasificado los contratos que suscribe la Procuraduría General del Estado (PGR) con consorcios jurídicos, abogados nacionales o extranjeros y otros servicios que contrata para estos procesos, como confidenciales, por un supuesto carácter estratégico.

Como resultado, el Procurador Pablo Menacho se niega a informar sobre los nombres de los consorcios jurídicos y de los abogados contratados, así como el monto pagado. Peor aún, se basa en el Decreto Supremo 2698, por el cual no sólo se autoriza a la PGR a contratar directamente estos servicios, sino que se establece la confidencialidad de dichas contrataciones y se exime a la Procuraduría del registro de estos contratos en el Sistema de Contrataciones Estatales, debiendo remitir los mismos exclusivamente a la Contraloría General de Estado.

De esta forma, el presidente Evo Morales y el gabinete en su conjunto se vuelven corresponsables de esta política oscurantista, con la cual se atenta contra el principio de transparencia en la gestión pública y contra el derecho al acceso a la información pública, ambos establecidos en la Constitución.

Igualmente, se cae en lo que el MAS tanto criticaba, y por lo que incluso ha procesado a autoridades de anteriores gobiernos: los gastos reservados, los cuales, de igual forma, sólo se reportaban al Contralor.

El Procurador Menacho se ha defendido indicando que en su rendición de cuentas anual presenta la información correspondiente, lo cual es falso, en estos informes no se mencionan los nombres de los consorcios jurídicos y/o abogados contratados, y, consecuentemente, tampoco sobre los honorarios que les han pagado.

La pregunta es qué esconden, por qué ocultan esta información. La mayor parte de estos casos ya están cerrados, y las indemnizaciones ya están pagadas. Qué de estratégico puede tener evitar que el pueblo boliviano conozca los nombres y costos de los abogados contratados para procesos ya concluidos.

En los contratos no se consignan las estrategias jurídicas ni procesales, sino regulaciones de carácter general, como el objeto del servicio prestado, la retribución económica y el plazo de entrega. Paradójicamente, como se ha comprobado en el caso Quiborax, la Procuraduría compartió con la parte contraria documentos cuya divulgación debilitaba la posición boliviana, según un informe interno del actual Procurador.

Además, la mayor parte de estos acuerdos se ha realizado con anterioridad a la promulgación del inconstitucional Decreto 2698, el 9 de marzo de 2016, por lo cual ni siquiera pueden usar esta norma ilegítima para negarse a responder a una fiscalización legislativa, arguyendo la confidencialidad estratégica establecida por esta disposición.

Como si esto no fuera poco, revisando los decretos que autorizan la suscripción de los convenios transaccionales con las empresas nacionalizadas, de los 13 casos que informa el Procurador en su respuesta a la PIE 209/2018-2019, hay cinco decretos en los cuales se autoriza a los ministerios correspondientes a suscribir estos acuerdos, sin precisar el monto a pagar, lo que equivale en entregar un cheque en blanco a quienes negociaban por la parte boliviana.

Por ejemplo, mientras que en el Decreto 2220 se autorizaba específicamente a pagar a Pan American Energy por la nacionalización de la empresa Chaco SA la suma de 357.023.360 dólares, en el Decreto 692, por el caso de Entel SA, simplemente se establece que se autoriza al Ministerio de Defensa Legal del Estado para que, conjuntamente con el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, suscriba el contrato transaccional de reconocimiento de derechos y liberación general y recíproca de obligaciones, sin mencionar monto alguno. ¿Por qué esta diferencia?

Los contratos reservados constituyen un nuevo atropello del gobierno del presidente Evo Morales contra la transparencia y la institucionalidad de la gestión pública.

Oscar Ortiz Antelo es senador y secretario general de Demócratas.