INFORME DE FISCALIZACIÓN A LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPRE)

 

 

  • Un nuevo informe de investigación y fiscalización ha sido presentada  por el senador de Unidad Demócrata, Oscar Ortiz, en esta oportunidad sobre la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), dependiente del Ministerio de la Presidencia.

 

  • Entre las gestiones 2011 a 2015, la UPRE ha recibido una asignación presupuestaria de  Bs 9.657.856.605, 66, de los cuales fueron ejecutados Bs 4.550.877.377, 6.

 

  • La UPRE es un ejemplo de la desinstitucionalización del Estado boliviano, por el grado de arbitrariedad y discrecionalidad con la cual se definen los proyectos y las transferencias, financiados con recursos públicos, así como por la adjudicación directa de las contrataciones que merecen una intervención de la Contraloría General del Estado.

 

 

14 feb. 2017.- La investigación “Análisis de la Gestión, Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), “Programa Bolivia Cambia””, es un trabajo de Fiscalización realizado por el senador Oscar Ortiz, el mismo que se encuentra debidamente documentado y fundamentado en información   de carácter público y oficial entre los años 2011 a 2015, abarcando a 606  proyectos detallados por el Ministerio de la Presidencia.

 

El informe desmenuza una asignación presupuestaria a la UPRE de  Bs 9.657.856.605, 66, de los cuales fueron ejecutados Bs 4.550.877.377, 6 entre las gestiones 2011 a 2015.

 

El legislador opositor por Santa Cruz explicó que las fuentes primarias para esta investigación son Peticiones de Informe Escrito (PIEs),  solicitados a los ministerios de la Presidencia, de Economía y Finanzas Públicas, y de Planificación del Desarrollo, que muestran serias contradicciones entre ellos. Mientras el Ministerio de la Presidencia señala que ejecutó 606 proyectos; el Ministerio de Planificación del Desarrollo indica que la UPRE ha financiado más de 3.000 proyectos entre los años 2011 a 2015.

 

Del mismo modo, el senador Ortiz señala que este trabajo refleja el uso político que la UPRE realiza de los recursos públicos de los bolivianos,  constatando un incremento notable entre los años 2013 a 2014, periodos en los que se realizaron sucesivamente elecciones nacionales departamentales y municipales; así como el año previo al referéndum (febrero de 2016), en el cual el gobierno pretendió modificar la Constitución Política del Estado para habilitar a un tercera ilegal repostulación al Presidente y Vicepresidente del Estado.

 

Al respecto, Ortiz indicó que los recursos manejados por la UPRE han sido dirigidos a obras de corto plazo y alta rentabilidad electoral que no prioriza políticas de desarrollo social.

 

El mejor ejemplo de ello es que en la construcción de canchas de césped sintético, coliseos, estadios, sedes sindicales y otros la UPRE ha invertido un total de Bs 1.430.433.134,42; en cambio en la edificación de escuelas y hospitales ha desembolsado Bs 1.262.694.696,78. Esto ratifica que para el gobierno del MAS la salud y la educación no son una prioridad.

 

Además, llama la atención que todos los procesos de contratación de los proyectos de la UPRE fueron realizados bajo la modalidad de “Contratación Directa”, situación que brinda discrecionalidad en el manejo de los recursos y suspicacia en cuanto a la elección de las empresas que se han adjudicado los proyectos.

 

Algo llamativo para el legislador opositor es que las respuesta a los PIEs sobre la UPRE, por parte de tres ministerios, muestra que se pasaron la responsabilidad para responder sobre el prepuesto real de esta entidad, por lo que hasta la publicación del Informe de Fiscalización “no se cuenta con la información completa que nos brinde datos fidedignos sobre el presupuesto de la UPRE, así como la de su ejecución”.

 

 

Para concluir se puede señalar que al Ministerio de la Presidencia, a través de la UPRE,  se asignaron potestades administrativas y de ejecución presupuestaria de forma totalmente arbitrariarias y discrecionales, lo que significa que pueden incrementar, modificar y ejecutar de manera totalmente antojadiza  y hasta caprichosa de los recursos del Estado boliviano, pasando por encima la Ley de Administración  Presupuestaria 2042 y  todas las leyes financiales promulgadas desde que entró en funcionamiento la UPRE.