Entrampados entre mentiras y contradicciones

Desde que el Movimiento al Socialismo, y el actual presidente Evo Morales, se vieron envueltos en un gravísimo escándalo de supuesta corrupción (lo denominaremos el caso Zapata/CAMC) por la investigación periodística de Carlos Valverde, el país se ha visto sorprendido por una sucesión de mentiras y contradicciones que procuran ocultar una verdad cada vez más evidente, estamos gobernados por un proyecto decadente corroído por prácticas corruptas en la contratación de las grandes obras públicas.

Me han pedido mi opinión y la comparto en mi condición de Senador que recibió el mandato de la Asamblea Legislativa Plurinacional de participar en la Comisión Especial Mixta de Investigación de los contratos entre el Estado y la empresa CAMC, posición desde la cual he sido testigo de una de las farsas más lamentables de la historia del Legislativo boliviano.

Tres comentarios sobre las causas estructurales y los problemas de fondo:

Primero, los escándalos de corrupción que hemos visto y seguiremos viendo, se originan en una política de este gobierno que, modificando el sistema de contratación pública y contraviniendo las buenas prácticas de la experiencia internacional, han desterrado las licitaciones del sector público en el nivel nacional y convertido a las contrataciones directas en la regla y no la excepción.

Segundo, hay un círculo vicioso de empresas y burócratas que se han especializado en proveer bienes y servicios a los países de la ALBA, y otras democracias aparentes del mundo, en los cuales el derroche de una década de ingresos fáciles y cuantiosos, combinado con un nuevo estatismo populista, permiten obras faraónicas en las cuales la principal motivación parece ser las comisiones que se gana con las adjudicaciones y no la contribución al desarrollo de las naciones.

Tercero, la soberbia del poder que lleva a importantísimas autoridades a abusar de sus cargos para llevar vidas privadas desordenadas que rayan en lo delictuoso. Pareciera que los bolivianos comenzamos a vivir nuestra propia versión de “La Fiesta del Chivo”.

Sobre el caso Zapata/CAMC, después de 90 días, las denuncias originales, no solo no han sido desvirtuadas, sino que han sido confirmadas. Zapata fue pareja del Presidente  e incluso hay serios indicios de que por un periodo mayor de lo que Morales le informó al país. Han reconocido un hijo en común, aunque se pone en duda si está vivo. Zapata trabajó para CAMC por lo menos desde el 2013 hasta el 2016, periodo en el cual esta empresa se adjudicó más de  400 millones de dólares en contratos, además de existir evidencias de que representó y promovió los intereses de empresas que buscaban adjudicarse contratos con el Estado boliviano, según lo informado por la fiscalía. Por último, CAMC se adjudicó un poco más de 570 millones de dólares en contrataciones estatales, de los cuales 512 fueron financiados por recursos nacionales. A su vez, la mayor parte de estos fueron adjudicados por la vía de contratación directa y/o de excepción.

En la teoría del derecho, el triángulo de relaciones entre Gabriela Zapata, Evo Morales y CAMC, configuran “hechos notorios” que constituyen por sí mismos serios y muy graves indicios del uso indebido de influencias. Si al triángulo, se incluyen las sindicaciones de las dos imputadas, Cristina Choque y la misma Zapata, rompiendo las leyes de la geometría, llegamos a un triángulo de cuatro puntas que vuelve este caso un intríngulis casi imposible de justificar frente a la ciudadanía.

Adicionalmente, el Informe de Minoría que presentamos los parlamentarios de oposición que conformamos la Comisión de Investigación, detalla todos aquellos indicios de la comisión de distintos delitos identificados para cada uno de los casos en los contratos con CAMC. En la suma de los mismos, se puede apreciar un favorecimiento sistemático hacia esta empresa, que sólo puede explicarse por influencias muy fuertes a su favor. Hemos presentado al Ministerio Público y a la Contraloría General del Estado, todos estos indicios para que sean investigados de acuerdos a los procedimientos de ley.

Lo que el MAS trata de negar, y seguramente presionarán a la Fiscalía hasta lograrlo, es que la imputación original por la que se detiene preventivamente a Zapata, establece el uso indebido de influencias, entre otros delitos, como uno de los principales motivos para privarla de libertad, describiendo incluso que la imputada utilizaba las oficinas de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, para influenciar a empresas y autoridades del Estado a fin de beneficiar a la empresa CAMC con adjudicaciones de contratos. Explican, que para ello, la Cristina Choque, ex jefa de dicha unidad, enviaba cartas para ayudar a Zapata en su cometido. Peor aún, esta imputación está basada en la denuncia de la Ministra de Lucha contra la Corrupción y la querella del Ministerio de la Presidencia.

Nadie que conozca un poco de la administración pública podría creer que la ex pareja del presidente, sólo con el “certificado de nacimiento del hijo” que habrían tenido en común, y las cartas de una funcionaria de bajo nivel jerárquico, podrían haber influenciado a las empresas públicos más grandes del país, para adjudicar con contratos tan grandes, si no estuvieran respaldados por alguien muy poderoso (el verdadero influyente).

Por su parte, la mayoría masista de la Comisión se negó a requerir información sobre la empresa CAMC y Zapata, como tampoco quisieron convocar a los representantes de esta empresa, al Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a Choque ni a los principales ejecutivos de las empresas públicas que suscribieron los contratos. Se limitaron a revisar los papeles proporcionados por las mismas empresas investigadas y a entrevistar a autoridades del Ministerio de Obras Públicas, para decir que encontraron alguna irregularidad. En suma, una farsa.

Para concluir, han cerrado la Comisión de Investigación pero el caso sigue abierto porque el pueblo boliviano reclama la verdad y demanda que se juzguen las responsabilidades.